Expropiar para acabar con la infravivienda

El Ayuntamiento se ha dado un instrumento que considera básico, para acabar con la infravivienda en la almendra central de Madrid.«Expropiaremos los edificios en los que no lleguemos a un acuerdo con el propietario, y sea necesario rehabilitarlo porque tiene chabola en altura», asegura la gerente de Urbanismo, Beatriz Lobón.

La Junta de Gobierno aprobó ayer la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 para acabar con el chabolismo vertical en el centro de la capital. La iniciativa será pública. Es decir, que es el Ayuntamiento es el que decide qué edificios hay que rehabilitar para eliminar el chabolismo vertical. «Actuaremos mediante planes especiales. Los elaboraremos para intervenir en las manzanas en las que creamos que es necesario», precisa. Una vez delimitado el ámbito de actuación comienza la intervención en los edificios. En ese plan, ya estarán delimitadas las actuaciones que se realizarán.

Tras iniciarse el proceso, al propietario no le queda más que subirse a ese tren si no quiere que le pase por encima. «La intervención es siempre pública pero las obras pueden ser sufragadas tanto por el dueño del edificio como por la Administración. En el caso que el propietario no esté conforme con las condiciones o no se llegue a ningún acuerdo, no habrá más remedio que expropiar», aclara la gerente de Urbanismo.

Cuestión diferente es la forma de pago. En estos edificios hay muchos inquilinos de renta antigua. El Ayuntamiento puede compensar a los propietarios con las viviendas que luego se construyan. «Hay que estudiar cada caso pero se podrá compensar con lo que sea», asegura.

Cosa bien distinta es lo que ocurrirá con los inquilinos que viven de alquiler de renta antigua. «El Ayuntamiento se compromete a realojarlos en pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) mientras duren las obras. Lo que no puedo precisarle es si cuando regresen a las casas podrán mantener la renta antigua.Imagino que tendrán que adaptarse a los precios de renta pública», dice.

En la negociación que establezca la Administración con los propietarios se precisará el número de viviendas, el retorno o no de los inquilinos arrendados, la forma de pago...

En 2004 el Ayuntamiento ya presentó el denominado Plan de Dinamización del Centro en el que se prometía la rehabilitación de 40.000 viviendas, dedicar otras 6.000 para alquilárselas a jóvenes, convertir locales comerciales abandonados en loft destinados a creadores de nuevo cuño, destinar conventos ahora infrautilizados en espacios de uso público... Respecto a la expropiación, tan sólo se contemplaba para los edificios que amenazaban ruina.

Ya entonces se estudiaba rebajar el nivel de protección de edificios sobre los que no se podía actuar a pesar de que están en pésimo estado. De los 14.000 que tienen el más alto nivel de protección se pretendían reducir a 7.000. Gracias a la nueva legislación, la rebaja del nivel de protección será posible. De esta forma se podrá intervenir en ellos. Eso sí, Lobón garantiza que para poder hacerlo necesitará el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Comunidad. «Habrá que modificar el catálogo [de edificios protegidos]. Antes había que modificar también el PGOU para ejecutar el cambio. Ya no será necesario ni tan largo. Eso sí, tendrá una tramitación especial», asegura.

Con esta nueva reforma del plan general, los propietarios de edificios no perderán metros para construir cuando realicen una reforma total. Además, se mantiene la posibilidad de cambiar el uso del edificio del inmobiliario al terciario. Es decir, de pisos a hotel u oficinas. «Nuestra prioridad es crear vivienda renovada», asegura Lobón.

Esta modificación del PGOU no se realizará de la noche a la mañana. «Calculamos que puede estar listo para utilizarse en un año», dijo. Una vez aprobado por la Junta de Gobierno, será publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad. Luego estará un mes en información pública, necesitará un informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pasará por la Comisión de Patrimonio de la Comunidad, la Comisión municipal de Urbanismo, el Pleno y, finalmente, regresará al Gobierno regional.

Para el portavoz socialista de Urbanismo, Pedro Sánchez, la medida «desprotege en exceso los edificios históricos de la capital».A su entender, hay que «revisar en profundidad el catálogo de edificios protegidos» y cree que «no queda claro» que una vez rehabilitados no se transformen en hoteles u oficinas, con la consiguiente despoblación del centro. Finalmente, asegura que la medida no introduce ninguna novedad, ya que ya existe una Ordenanza de Conservación y Rehabilitación.

(El Mundo, 6 de febrero de 2009)